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Los crímenes contra el honor del Presidente de la República suceden todos los días y no se hace nada.
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A la luz del caso expuesto del congresista Daniel Silveira (PSL-RJ), reflexionamos sobre lo que está sucediendo en Brasil, de manera clara pero ignorada.
Cada día identificamos agresiones criminales contra el Presidente de la República por parte de periodistas, diputados e influencers, con discursos violentos y mentirosos. Cabe mencionar también que el jefe del Ejecutivo sufrió un intento de asesinato por parte de un exmiembro del PSOL, mientras se encontraba en campaña presidencial, el 6 de septiembre de 2018.
Las calumnias, difamaciones y amenazas son delitos comunes contra el presidente brasileño, ya sea en las redes sociales, canales de televisión o discursos en la Cámara y el Senado. Sin embargo, lo que llama la atención es que, visiblemente, no hay absolutamente ninguna acción por parte de los poderes para prevenir o sancionar a los responsables.
A diferencia de esto, luego de un video del parlamentario Daniel Silveira, que hizo duras críticas contra los ministros del STF, se emitió una 'orden de arresto con las manos en la masa' para detener al diputado, ignorando por completo la inmunidad parlamentaria para cualquiera de sus opiniones, palabras y votos.
A diferencia de los ministros del STF, que llegan al cargo mediante nominación, Jair Bolsonaro fue elegido mediante voto popular, representando significativamente a más de 57 millones de brasileños. Aún más cuestionable es por qué la ley defiende sólo a uno de los poderes, de manera mayoritaria y mediante decisiones que se apartan de la legalidad de la Constitución.
Si hay fallas en las decisiones tomadas por los ministros del Supremo Tribunal Federal, que es la máxima instancia del poder judicial brasileño, ¿en quién podemos confiar para aplicar la ley de manera justa?
Si la ley no vale para todos, no vale para nada.
