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Una decisión de 1996 de la Corte Suprema podría usarse como base para anular una serie de investigaciones de Lava Jato sobre corrupción.
Mañana el pleno decidirá si el pago de sobornos mediante donaciones de campaña no declaradas (el famoso fondo para sobornos) debe ser investigado en el Tribunal Electoral.
Una decisión definitiva al respecto podría sepultar las investigaciones, debido a la falta de estructura en esta rama para obtener pruebas de delitos complejos y conexos, como el lavado de dinero.
En 1996, una decisión del Pleno, informada por el ministro retirado Sydney Sanches, no sólo definió al Tribunal Electoral como el poder competente para juzgar delitos relacionados con fondos para sobornos, sino que también anuló todos los actos de justicia común que se habían llevado a cabo en el proceso posterior a la denuncia del Ministerio Público.
Este precedente ya fue utilizado por Ricardo Lewandowski para enviar al Tribunal Electoral de São Paulo, el año pasado, extractos de un comunicado de Odebrecht sobre la transferencia de 14 millones de rands a Antonio Palocci y de 2,5 millones de rands a Paulo Skaf, antes de las elecciones de 2010.
